Vicuña entra en la sala de espera: el Gobierno demora el voto y prepara la defensa de los USD 250 millones

El acuerdo entre San Juan y Vicuña ya tiene una certeza: no se frenó por falta de votos. El oficialismo decidió tomarse unos días más antes de llevar al recinto un convenio de enorme peso económico y político. El entendimiento contempla un aporte extraordinario de USD 250 millones, único y no reembolsable, destinado a infraestructura provincial. También establece un esquema de regalías estabilizadas y un aporte adicional del 1,5% sobre las ventas brutas a partir del sexto año de operaciones. Pero antes de votar, el Gobierno quiere explicar. La estrategia: que los ministros defiendan el acuerdo El proyecto pasará por las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Minería y Hacienda y Presupuesto. La intención es que allí expongan el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. La señal política es clara: el Gobierno no quiere que un acuerdo de semejante magnitud quede reducido a una simple votación de números. Los USD 250 millones no son un préstamo que la Provincia deberá devolver. El dinero está pensado para infraestructura y, según lo informado, no será compensable con futuras regalías. El verdadero debate empieza después del “sí” La discusión que viene no será solamente si San Juan debe aceptar o rechazar el acuerdo. La pregunta central será qué hará la Provincia con esos recursos. El Gobierno ya anticipó que pretende utilizar fondos vinculados al convenio para obras estratégicas, entre ellas la reconstrucción de la Ruta Nacional 40 Norte entre Albardón y Jáchal. Por eso, una vez aprobado el convenio, aparecerán otros interrogantes: qué obras se ejecutarán, cuánto costarán, cómo se administrarán los fondos y qué mecanismos de control tendrá la sociedad. Los votos están. Ahora viene la política El oficialismo llega a esta instancia con un escenario favorable. El Bloquismo ya manifestó su respaldo y sus cuatro votos podrían sumarse a los doce de Producción y Trabajo. También existen legisladores de otros espacios que aparecen cerca del acompañamiento. En el peronismo, el panorama es más heterogéneo. Algunos diputados todavía analizan la letra chica, mientras otros ya dejaron trascender su respaldo. Por eso, la postergación parece responder más a una decisión estratégica que a un problema de números. El Gobierno quiere llegar al recinto con el terreno preparado y con sus funcionarios defendiendo públicamente el convenio. La pregunta que queda abierta Vicuña tiene una cifra capaz de cambiar el peso de cualquier discusión: USD 250 millones. Pero el verdadero desafío comenzará después de la aprobación. Porque la discusión dejará de ser cuánto dinero recibe San Juan y pasará a ser qué hace con él, dónde lo invierte y quién controla que cada dólar termine convertido en infraestructura. Los votos, por ahora, parecen estar. Ahora viene la parte más difícil: convertir el acuerdo en obras visibles para los sanjuaninos.