Acueducto Gate: la trama que compromete a cinco presidentes de OSSE y pone en jaque una obra de u$s100 millones

Este jueves, la Fiscalía notificó a once exfuncionarios investigados por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum, la megaobra hídrica financiada con un crédito kuwaití de 100 millones de dólares que la Provincia ya empezó a devolver. Entre los notificados está Cristian Andino, referente del Partido Justicialista y expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). Una obra pensada para el millón de sanjuaninos El Acueducto Gran Tulum nació con un objetivo ambicioso: garantizar agua potable para el San Juan del millón de habitantes. Su origen se remonta a 1990, cuando Carlos Menem envió ayuda a Kuwait durante la Guerra del Golfo. Años después, ese gesto derivó en una línea de financiamiento que Kuwait puso a disposición de la Argentina, con una condición: los proyectos debían ser de agua o saneamiento, no viales, como originalmente pretendía el gobierno de Gioja. En 2013, el entonces ministro de Infraestructura, José "Pepe" Strada, cerró el envío de los 100 millones de dólares, a devolver en veinte años con una tasa del 4%. Lo que iba a ser una obra emblemática terminó paralizada y bajo la lupa judicial. El informe que encendió la alarma El expediente dio un giro decisivo cuando trascendió un informe técnico solicitado por el propio Gobierno provincial a través de OSSE. La certificadora Bureau Veritas concluyó algo tan simple como demoledor: las tuberías provistas por la empresa Krah no fueron fabricadas para transportar agua potable, sino para cloacas y desagües, con insumos no aptos para el consumo humano y potencialmente tóxicos. El hallazgo no es un detalle menor. El fiscal Sebastián Gómez, a cargo de la investigación junto a Francisco Pizarro, no descartó que la carátula de la causa se agrave si esos datos terminan de confirmarse. Allanamientos y una jueza que no cede La causa, caratulada como actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública y a cargo de la UFI Delitos Especiales, tomó forma en diciembre de 2025 a partir de la denuncia del abogado Marcelo Arancibia. Desde entonces, no dejó de sumar capítulos: en septiembre, la Justicia allanó de manera simultánea las oficinas de Krah en la Capital y su planta de Albardón, secuestrando documentación y equipos informáticos que ahora deberán ser peritados. La jueza de Garantías Mónica Lucero, que conduce el expediente, ya debió resistir un intento de apartamiento: rechazó un pedido de recusación presentado por defensas de exfuncionarios de OSSE y, además, le otorgó a la Fiscalía una extensión de 90 días para seguir reuniendo pruebas, dada la complejidad técnica del caso y el volumen de documentación que involucra. Cinco gestiones, una misma obra bajo sospecha Lo que distingue a esta causa es su alcance temporal: no apunta a una sola gestión, sino que atraviesa cinco presidencias sucesivas de OSSE y dos gobiernos provinciales. Están bajo la mira Cristian Andino (titular del organismo durante la etapa de elaboración del proyecto y la licitación de 2015, bajo el gobierno de Gioja), Sergio Ruiz (2015-2019), Guillermo Sirerol (2020-2022), Juan Carlos Caparrós (2022-2023) y Mauricio Ibarra, además del exministro de Obras y Servicios Públicos Julio Ortiz Andino, quien ocupó ese cargo entre 2015 y 2023. La lectura judicial es clara: se investiga toda la cadena de decisiones, desde el diseño del proyecto hasta la ejecución final, pasando por dos administraciones políticas distintas. Qué dijo Cristian Andino Tras ser notificado, Andino circunscribió su defensa a un argumento temporal: sostuvo que su paso por el organismo se limitó a la etapa inicial del proyecto y rechazó cualquier responsabilidad sobre la calidad de los materiales que se utilizaron después, ya en la fase de ejecución de la obra. Es importante remarcar qué significa, procesalmente, esta notificación: según fuentes fiscales, se trata de una instancia previa dentro del sistema acusatorio, que habilita a los involucrados a ejercer derechos —como designar abogado particular o pedir un defensor oficial— antes de una eventual formalización. No implica, todavía, una imputación formal ni una declaración de responsabilidad penal. Lo que viene Con la recusación rechazada, la jueza Lucero al frente del expediente y 90 días adicionales para la pesquisa, la causa entra en una etapa clave: la que definirá si el "Acueducto Gate" avanza hacia imputaciones formales o si, como advierten las defensas, la instrucción encuentra límites en la prueba reunida. Con el informe de Bureau Veritas sobre la mesa y los peritajes sobre el material secuestrado en Krah todavía pendientes, San Juan espera el próximo capítulo de una obra que prometía agua potable y que, por ahora, solo generó preguntas.